En Colombia, las tecnologías de energías renovables son de reciente implementación. Aunque la implementación de la energía eólica comenzó hace más de 20 años en los países industrializados, aquí hace parte de un nuevo escenario en el que los esfuerzos de las entidades públicas y privadas se dirigen hacia la transición energética. Sobre el papel, sólo el 0,1% de la energía transformada en el país viene de un parque eólico [1]; sin embargo, en el momento en que escribo esto, ese sistema no está en funcionamiento. Lo anterior permite clasificar a la energía eólica como una tecnología emergente en el país.

En el proceso de implantación de nuevas tecnologías es necesario aplicar un enfoque para su estudio ético. Los estudios éticos consideran la mediación moral de las tecnologías, y tienen como objetivo reflexionar sobre sus posibles consecuencias considerando varios principios éticos y niveles de análisis, que arrojen reflexiones relevantes para considerar en el momento de la implementación. Existen varios métodos para realizar estudios éticos, uno de ellos se denomina Ética Tecnológica Anticipatoria (ETA), y su metodología se aplica parcialmente en las siguientes reflexiones.

La metodología ETA puede aplicarse a las “tecnologías emergentes contemporáneas y futuras” y define los objetos de análisis ético en función de la tecnología, los artefactos y los niveles de aplicación. En este caso, el foco de análisis ético es la aplicación concreta de las turbinas eólicas como artefactos de transformación de energía, pertenecientes a la tecnología eólica.

Las turbinas eólicas son aparatos gigantescos que transforman la energía cinética del viento al moverlas en energía eléctrica. Pueden tener hasta 160 metros de altura y las palas hasta 80 metros de longitud, aunque existen desarrollos de turbinas con palas de 118 metros. Estos sistemas de energía eólica pueden ser instalados en tierra y en el mar. Al ser una tecnología nueva en Colombia, existen puntos éticos que deben ser considerados en la implementación para evitar fuertes consecuencias en el hábitat, las personas y todo lo que los rodea.

Así, para analizar las cuestiones éticas que puede presentar esta tecnología a nivel de aplicación, el enfoque ETA sugiere su división en tres grupos. El primero abarca las “cuestiones morales relacionadas con el uso pensado del artefacto”, el segundo consiste en las “cuestiones morales relativas a los efectos secundarios o a las consecuencias no deseadas para los usuarios”, y el tercero en las “cuestiones morales relativas a los derechos e intereses de las partes interesadas no usuarias que pueden verse afectadas por un uso concreto del artefacto”. Estas últimas son el tipo de cuestiones que se tratarán aquí.

El método ETA y otros métodos de estudios éticos proponen la definición de una lista de control para identificar las áreas de análisis. A continuación, se encuentra una lista que seleccioné para analizar las implicaciones éticas que podrían tener las turbinas utilizadas para la transformación de energía. Además, las áreas seleccionadas se evalúan teniendo en cuenta que la mediación de los artefactos eólicos es contextual, de manera que no influyen en el comportamiento humano directamente, sino que moldean el entorno en el que están instalados.

Los daños y riesgos relacionados con la implementación de sistemas de energía eólica pueden afectar al medio ambiente. Tanto en las instalaciones terrestres como en las marinas se requiere una cantidad notable de superficie y, en el caso de estas últimas, se interviene el ecosistema oceánico con máquinas para recolectar “información […] sobre las propiedades del lecho marino para seleccionar y diseñar adecuadamente las cimentaciones, determinar los requisitos de la instalación y predecir el rendimiento a corto y largo plazo de […] las estructuras de soporte”, lo que podría provocar daños en la fauna y la flora marinas y poner en peligro los derechos y el bienestar de los animales.

Además, el derecho de propiedad es relevante cuando hablamos de una aplicación tecnológica que requiere de extensas áreas de suelo. En el contexto colombiano, el control legal e ilegal de los territorios suele provocar el desplazamiento forzado de personas en zonas rurales. Entonces, los sistemas de energía eólica podrían intimidar indirectamente a las personas para que abandonen sus hogares y se vayan a otros lugares, afectando también su derecho a una vida digna. Mal gestionado, el uso del suelo para este tipo de proyectos podría provocar desplazamientos forzados como ya ha ocurrido con los sistemas de energía hidroeléctrica instalados en el país.

En materia de justicia, los aerogeneradores podrían, paradójicamente, mediar una distribución injusta de bienes como la energía. Aunque el único parque eólico del país, que se encuentra en La Guajira, el cuarto departamento con mayor pobreza multidimensional del país, no está funcionando ahora, operó durante más de 10 años en los que no aportó “ni un solo kilovatio de energía en beneficio de la comunidad“.

Además, las comunidades locales de los lugares en los que se instalan estos sistemas suelen pertenecer a una población vulnerable y podrían recibir un trato desigual por su clase social, raza y/o género, e incluso ser engañadas, teniendo en cuenta su falta de información y herramientas para defender sus derechos colectivos. Un análisis del desarrollo del parque eólico en La Guajira menciona que “el desconocimiento sobre [el tema de derechos] se debió a la ausencia de capacitación e información por parte del Estado, […] además de tener experiencias desagradables con empresas multinacionales que no tienen una práctica responsable en sus proyectos.”. Este último punto también refleja los efectos de las diferencias culturales entre los habitantes rurales, la tecnología que se pretende instalar y las personas que están detrás de ella.

En conclusión, aunque las turbinas eólicas son artefactos con los que las personas no establecen una relación directa, sino que están de fondo en sus vidas, y tienen un potencial prometedor para abordar la transición energética que necesitamos urgentemente, hay consideraciones éticas detrás de ellos que son obligatorias para su implantación. El daño ambiental y el posible riesgo de los derechos y la justicia social de la población en las zonas rurales donde se ubican los sistemas de energía eólica, son aspectos necesarios para la etapa de asignación de responsabilidades, en la que diferentes actores, como las empresas privadas y el gobierno, actúen para implementar la tecnología de manera ética.